Sociedad

Voluntad política para avanzar en accesibilidad

Miércoles, 26 Noviembre 2014 00:00 Escrito por  La Ciudad Accesible Visto 1595 veces
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Luis Cayo durante su comparecencia en el Congreso. Luis Cayo durante su comparecencia en el Congreso.

La ausencia de accesibilidad es una vulneración de derechos y un acto sancionable por ley

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luís Cayo Pérez Bueno, ha comparecido este martes en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, a petición del Grupo Socialista, para presentar a la Cámara el informe ‘100 denuncias 100’, un documento elaborado por el Cermi que recoge un centenar de casos reales de toda España sobre vulneración de derechos de las personas con discapacidad por ausencia de accesibilidad universal.

Pérez Bueno ha comenzado su intervención asegurando que “sin condiciones de accesibilidad, los derechos fundamentales quedan para las personas con discapacidad como declarativos y nominales” y ha insistido en que “la ausencia de accesibilidad es una auténtica vulneración de derechos y un acto sancionable por ley”. 

Aunque ha reconocido que en los últimos años se han producido avances en materia de conciencia social en materia de accesibilidad, “se trata de una cuestión pendiente y no resuelta, que provoca la exclusión de las personas con discapacidad”. “Se necesitan estrategias públicas para avanzar en entornos inclusivos”, ha asegurado.

Asimismo, el presidente del Cermi ha explicado que el informe de 400 páginas se ha elaborado mediante el envío de 4.000 cuestionarios, que llevaron a una recepción de más de 400 denuncias, entre las que se escogieron un total de 100 casos significativos que comprometen derechos fundamentales y libertades públicas de las personas con discapacidad. Así, ha asegurado que 38 de estas denuncias son de ámbito estatal y 62 se han producido en territorios autonómicos y se extienden a todos los productos, servicios, o procedimientos y afectan a todas las discapacidades. 

Pérez Bueno ha insistido además en que el informe plantea para cada denuncia una solución “factible”, que “se puede llevar a la práctica con voluntad política y con presupuesto”, aunque éste, dijo, “no es un factor esencial”. 

El presidente del Cermi ha animado a los parlamentarios a “ver la accesibilidad no solo como una fuente de imposiciones sino como un sector económico emergente que genera bienestar pero también actividad económica”.

Además, se ha referido al recorrido institucional de este informe, concebido como una “denuncia global para la toma de conciencia” y ha asegurado que el texto se ha enviado a la Comisión de Peticiones del Congreso, a la Defensora del Pueblo, quien ha confirmado la admisión de 97 de las 100 quejas abriendo expediente individual para cada una de ellas, al Consejo Nacional de la Discapacidad, a los defensores autonómicos y a la Fiscalía General del Estado “por si algún caso pudiera tener dimensión penal”. 

También ha señalado algunas de las propuestas del Cermi en materia de accesibilidad, como la reforma de la ley de propiedad horizontal, que ha calificado de ”inaplazable”. En este sentido, ha ofrecido datos derivados del ‘Observatorio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda en España 2013’, elaborado por Fundación Once, como que el 75% de los edificios destinados a vivienda en España no son accesibles.

Además, ha reclamado la aprobación de un reglamento de condiciones básicas de accesibilidad a bienes y servicios a disposición del público y el cumplimiento de las normas existentes. En este último punto, ha recordado que la legislación actual obliga a que en 2017 todos los entornos sean accesibles por mandato de la LIONDAU de 2003.

Entre otras cuestiones, ha solicitado la reforma de la legislación actual de infracciones y sanciones en materia de accesibilidad universal; la creación de un Fondo de Accesibilidad; la modificación de la normativa de pasajeros con discapacidad en lo que respecta al transporte aéreo; y el cumplimiento en 2017 de la cuota del 5% de taxis accesibles; así como la modificación de la legislación audiovisual.

Durante la comparecencia, la diputada del Grupo Socialista, Gracia Fernández Moya ha asegurado que este informe es “una gran herramienta para poder avanzar”, que “recoge propuestas que deben transformarse en iniciativas que se puedan discutir en la Cámara”. En su opinión, “es necesaria no sólo la elaboración de legislaciones vigorosas sino que se cumplan las leyes en vigor”.

Por parte de Izquierda Plural, Caridad García ha destacado que “queda mucho por hacer” y ha animado a todos los grupos parlamentarios “a reflexionar para que se acelere la accesibilidad a todos los ciudadanos con discapacidad”. En su opinión, “avanzar en conciencia es muy importante pero no vale con eso, sino que hay que facilitar los recursos necesarios”.

Finalmente, Francisco Vañó, del Grupo Popular ha explicado que desde 1982 “se han elaborado 9 leyes muy importantes con la vocación de solucionar los problemas de la discapacidad”, lo que supone una “evolución muy importante” aunque, ha puntualizado, “queda mucho por hacer para conseguir la igualdad de derechos”. Vañó ha señalado que “tener mucha legislación no resuelve los problemas del todo” y ha subrayado la importancia de la concienciación social de la ciudadanía. 

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