Unas 96.700 personas padecen algún tipo de discapacidad en la provincia de Granada, 38.900 son hombres y 57.800, mujeres. Aunque solo 49.103 tienen reconocimiento oficial de su situación, según los datos hechos públicos ayer por Sandra García, delegada del Gobierno andaluz. Las características de los individuos son heterogéneas y atañen a la movilidad, lo psíquico o los sentidos... Pero todos -especialmente los más afectados- tienen en común la necesidad de un mayor esfuerzo por parte de las instituciones y la sociedad para que la accesibilidad universal sea una realidad.El documento al que voluntariamente se adhieren los consistorios implica mejorar la accesibilidad de los espacios públicos y edificaciones, medios de transporte, los sistemas de comunicación e información y enrolar en ello a las principales instituciones, agentes sociales y económicos. Para garantizar eso, entre otras cosas, se ha creado una Ordenanza de Accesibilidad (un modelo tipo elaborado con la federación andaluza de municipios), que deberán llevar al pleno los núcleos interesados, que declaran también su intención de mejorar los mecanismos de control del cumplimiento de la normativa.
Sandra García añadió que esta justicia social es fundamental. "Además por una cuestión económica, si las ciudades se hacen accesibles se crea una economía de escala que beneficia a la población en general", concluyó la socialista. Higinio Almagro sostuvo que tanto la igualdad como la inclusión son fundamentales para el colectivo y para la sociedad en general. Por último, Gonzalo Rivas, usuario de silla de ruedas, sentenció que el problema "no son las personas discapacitadas, sino su entorno, que no está adaptado ni creado para todo tipo de ciudadanos".
Soportes publicitarios de sensibilización; cursos de formación on line que impartirá la Escuela Andaluza de Salud Pública al personal técnico municipal; formación en Lengua de Signos; y talleres para los conductores de autobuses son otras de las iniciativas que contempla el pacto.
La delegada del Gobierno preguntada por la Ley de Dependencia, un recurso que se destina exclusivamente a las personas con discapacidad severa o moderada, reconoció no conocer cuánto se adeuda a los municipios, granadinos en este concepto, si bien añadió que ya se ha incluido esa cantidad dentro del plan de pago a proveedores del Gobierno central, al que aprovechó para criticar. "En materia de dependencia nosotros mantenemos la partida de l.094 millones porque es una prestación irrenunciable. Pero los recortes del Gobierno central no cesan y ya asumimos un 75% en solitario esta ley, cuando el PP votó en su día que fuera al 50% junto al Estado".
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