Las rampas en nuestro entorno físico son tremendamente importantes. Más que por ser la solución a cualquier problema de accesibilidad, porque la encontramos profusamente en todas partes.Como sabéis, las rampas no suelen ser accesibles. Hay un mito urbano en el cual se piensa que por el mero hecho de construir un plano inclinado, ya se están haciendo las cosas accesibles y por tanto el acceso para "minusválidos" ya está solucionado.

Mal mito pues, ya que las rampas no sólo resuelven el acceso para personas que utilizan sillas de ruedas, sino que sirven para muchas otras personas con diferentes discapacidades que no tienen nada que ver con la lesión medular.

El teléfono móvil, ese aparato que se ha convertido en una prolongación de nosotros mismos. Ha constituido además una forma esencial de comunicación con la sociedad, de manera que si es un dispositivo sin accesibilidad, constituye una limitación y una nueva barrera más en la constitución de una verdadera Sociedad de la Información para todos.

A pesar de todas las dificultades, se va mejorando en la accesibilidad de los dispositivos. En este blog, no comentaré las cuestiones tecnológicas específicas de cada modelo, pero sí considero importante recomendar un tipo de teléfono en función de las capacidades de cada persona en función de su diversidad funcional.

Al igual que en el caso de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Ciudad de Melilla dispone de una Ordenanza que regula los parámetros exigidos en materia de accesibilidad.

Dicha normativa data del año 2004 y establece unos parámetros similares a los del resto de normativas analizadas, aunque con algunas excepciones como por ejemplo la reserva de plazas de aparcamiento: establece una plaza reservada por cada 100 o fracción, frente a una plaza por cada 40 o fracción, que regula la normativa estatal.

Una vez revisada la normativa de  todas las Comunidades Autónomas, paso a analizar las de las dos Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla. La de Melilla la publicaré la próxima semana.

La ciudad autónoma de Ceuta dispone de una Ordenanza que data del año 2003, que regula los parámetros de accesibilidad en el urbanismo y en la edificación.

Si la semana pasada os comentaba el caso de la normativa en materia de accesibilidad arquitectónica y urbanística del País Vasco era la más restrictiva, hoy voy vamos a ver la correspondiente en la Región de Murcia, que es una de las más anticuada e incompleta de las estudiadas.

Dicha normativa data del año 1995 con la ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y promoción de la accesibilidad general. No obstante en el año 1991, se promulgó la Orden de 15 de octubre de 1991  de la Conserjería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente sobre Accesibilidad en Espacios Públicos y Edificación. En caso de discrepancia en algún parámetro de una normativa con otra, siempre prevalecerá la Ley 5/1995.

La existencia de barreras  hace que el colectivo de personas con necesidades especiales no pueda alojarse en los hoteles de los destinos turísticos.

En el mundo existen 500 millones de personas con necesidades especiales que quieren disfrutar de todos los servicios turísticos que se oferten de todas aquellas entidades públicas y/o privadas incluyendo el alojamiento.

Hoy continúo con mi particular repaso sobre la normativa de accesibilidad arquitectónica y urbanística por comunidades autónomas, tras el breve paréntesis con el artículo de la semana pasada sobre 'Minusválido, discapacidad, diversidad funcional y la normativa de accesibilidad'

La normativa del País Vasco data del año 1997, con la ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promoción de la Accesibilidad, que posteriormente se desarrollaría en el año 2000 con el Decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

La normativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja data del año 1994 con la publicación de la Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la accesibilidad.

Esta ley se desarrolló posteriormente en el año 2000 con el Decreto 19/2000, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de accesibilidad en relación con las barreras urbanísticas y arquitectónicas.

La reforma de una cocina estándar para que pueda utilizarla una persona con discapacidad es un paso necesario para alcanzar la normalización de una vida independiente de una persona con diversidad funcional, o al menos, que esa independencia se consiga lo máximo posible.

Es por eso que, si una persona no puede cocinar porque los muebles de la cocina no lo permiten o porque todo se encuentra en un lugar inalcanzable, se depende de que otra persona te asista en el fisiológicamente necesario acto de comer, bien porque prepare la comida, bien porque te dé de comer literalmente hablando.